La reciente reforma del sector
eléctrico ha disparado las alarmas en muchos colectivos en los que el uso de la
energía es intensivo, uno de los más afectados es el de los regantes. Recogemos
a continuación una noticia recientemente publicada por el Heraldo de Aragón:
“Nadie se salva de los
quebraderos de cabeza que está provocando la reforma energética y con ella las
constantes subidas de la factura eléctrica. Y mucho menos los agricultores de
regadío, un sistema que ocupa en Aragón 463.721 hectáreas, el 27,78% de los más
de 1,8 millones de euros que suma la totalidad de la superficie cultivada en la
comunidad.
Para su riego, más concretamente
para poner en funcionamiento las bombas con las que se eleva el agua, el
consumo estimado por las comunidades de regantes de Aragón –existen 1.021
aunque 360 abarcan el 71% de la superficie de regadío– es de más de 200 millones
de Kwh, una cifra que representa el 2% del consumo total de Aragón. Unos datos,
facilitados por Agrartis, consultora especializada en el sector agrario, que
demuestran el impacto que supone en la actividad agraria cualquier variación al
alza de las tarifas eléctricas.
Solo desde el mes de agosto,
última fecha en la que el Gobierno aplicó una nueva subida del precio de la luz
para hacer frente al llamado déficit de tarifa, los agricultores aragoneses han
visto cómo sus costes energéticos se elevaban en hasta un 35%, si bien el
porcentaje varía notablemetne en función del mix de consumo que tenga cada
explotación o incluso de la necesidad o no de tener que elevar agua en hora
valle (más barata).
Con estos precios, advierten los
regantes y las organizaciones agrarias, la factura eléctrica va a suponer el
41% de los gastos generales de las comunidades de riego, unos costos que el
sector califica de "inasumibles" que ponen en riesgo la continuidad
de numerosas explotaciones.
Tras un análisis detallado de la
reforma, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) concluye
que la reforma energética provocará que las tarifas por las que se rige el
regadío sufran un incremento del término potencia del 115%. Asegura además que
aunque el precio que grava el consumo se reducirá un 65%, este descenso apenas
beneficiará a los regantes ya que su impacto en la factura solo se apreciará
"sensiblemente" en los meses de más intensivos de riego (julio y
agosto) y, por lo tanto, de mayor consumo energético.
El 'problema' no es que las
facturas de luz que pagan los agricultores se hayan incrementado en el últimos
meses. Lo peor es que estos encarecimientos no han dejado de restar
competitividad a las explotaciones desde 2008. El 1 de julio de ese año se daba
carpetazo a la llamada tarifa especial para la agricultura, un precio especial
del que disfrutaba el riego en respuesta a una política de mejora de eficiencia
en el uso agrícola del agua. Desde entonces, "las facturas asustan",
dicen los agricultores, mientras los regantes cifran en un 450% el aumento de
la tarifa eléctrica en cuatro años.
Impacto de los costes
El impacto de los costes
energéticos en la factura de los agricultores no solo se explica por las
constantes subidas del precio de la luz. Influyen también las peculiaridades de
los contratos que se ven obligados a firmar con las comercializadoras y que se
caracterizan por incluir una alta potencia contratada y un consumo muy desigual
que varía notablemente según la época del año.
Dicho de otra manera, el
agricultor necesita una alta potencia para realizar el riego durante la campaña
de verano, pero no así durante el resto del año, en el que sin embargo se ve
abocado a pagar por este término (que es el que más se ha encarecido) a pesar
de no hacer uso de él. Podría darse de baja en el servicio o cambiar de peajes
durante los meses de menor consumo y volver a darse de alta cuando es necesaria
mayor potencia, pero esta alternativa supone un incremento de los gastos mucho
mayor.
Es cierto, y así lo reconocen los
representantes de las organizaciones agrarias y de las comunidades de regantes,
que en los últimos años los precios de las producciones han permitido compensar
estas subidas. "Hemos pasado unos tres o cuatro años en los que los
precios de los cereales han estado generosos, han sido buenos y han ido
absorbiendo las subidas de los costes de la electricidad", señala José
Luis Pérez, presidente de la comunidad de regantes del Canal de Aragón y
Cataluña. Pero las cotizaciones de estos cultivos están dando este año
"signos de debilidad", señala Pérez, que advierte que si los precios
de las cosechas vuelven a situarse en los niveles de hace unos cuatro años, por
debajo de los 200 euros por tonelada, "muchas de las explotaciones agrícolas
que han modernizado y que dependen de los consumos energéticos tendrán serios
problemas de rentabilidad".
Un argumento que también comparte
Riegos del Alto Aragón. "En caso de que los precios de los productos
volvieran a niveles de antes de la subida de los cereales y los forrajes, el
coste energético se llevaría por delante algunos cultivos que no se podrían
rentabilizar", aseguran desde esta comunidad que preside César Trillo.
Desde Bardenas, su máximo responsable José María Vinué, insiste en que los
regantes han realizado millonarias inversiones para modernizar los regadíos,
pero advierte que la escalada de precios de los costes energéticos pueden
acabar con la modernización del regadío e incluso con algunos cultivos
extensivos.
Hay alternativas
Ante esta situación, los regantes
y sus representantes no se han quedado cruzados de brazos. Sus propuestas son
variadas y numerosas. La más sencilla y que han planteado reiteradamente es la
posibilidad de suscribrir dos contratos con las eléctricas: uno anual con una
mínima potencia contratada para el suministro básico de los servicios de
mantenimiento y pequeños usos, y un segundo, de temporada, para los meses de
consumo intensivo. Otra de sus alternativas es que las comunidades de regantes
paguen únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada
con el fin de evitar así el gasto de un servicio que no utilizan fuera de
temporada.
Existen otras medidas más
drásticas, como la que tiene por objetivo intentar evitar el consumo de energía
en la mayor medida posible. Es la que están poniendo en práctica los regadíos
del Canal de Aragón y Cataluña donde se están instalando tuberías laterales y
directas para suministrar agua a persión natural a toda la zona regable,
liberando así a los agricultores del consumo energético. "En estos
momentos está ejecutado un 20% del proyecto y esperamos que el resto sea una
realidad tan pronto como se vuelva a disponer de fondos por parte del
Ministerio", asegura José Luis Pérez.
La última medida ha llegado desde
la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha puesto en marcha el proceso
administrativo necesario para exigir a las compañías eléctricas la venta a
precio de coste del 25% de la energía producida en una veintena de saltos
hidroeléctricos. Esta reclamación, hasta ahora nunca ejercida, beneficiaría a
los regantes que dispondrían de electricidad a muy bajo precio. El sector
aplaude la medida pero se muestra cauto al valorarla porque asegura que son
muchos los matices que todavía le quedan por conocer".
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